La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) de Alicante denunció ayer que es inaceptable que se contrate a 900 vigilantes privados para 68 prisiones del país y que la oferta de empleo público no supere los 701 efectivos a pesar de las carencias de personal. El sindicato advierte de que es un «despilfarro» el gasto en vigilantes y por contra existe un descontento generalizado entre los trabajadores del Psiquiátrico de Fontcalent y del centro de Cumplimiento, ya que la situación es «peligrosa» al no destinar suficiente personal para cubrir las jubilaciones, incapacidades laborales o la segunda actividad.
Otro problema añadido es que este año sólo hay dos funcionarios en prácticas en la cárcel de Fontcalent y el sindicato reclama un aumento inmediato de personal para realizar el trabajo de forma efectiva y satisfactoria.
Por otro lado, la APFP denuncia que el excedente de productividad de 2017 se haya repartido entre directores y subdirectores y no entre todo el colectivo, decisión que ha sido recurrida en los tribunales.
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